Desde un punto de vista totalmente práctico, se analiza el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Este procedimiento está sometido a requisitos formales y de orden temporal, requisitos cuyo estudio es trascendental cuando de su observancia depende el éxito o no de nuestras pretensiones. El plazo de un año al que alude la Ley 30/1992 es de importancia vital ya que, al igual que las lesiones irrogadas por la actividad administrativa pueden tener diferente origen, consecuencias y duración en el tiempo, el momento inicial para computar este plazo puede padecer diversas vicisitudes. A esto se añade la dificultad propia de computar este plazo cuando los daños tienen un carácter permanente o duradero, o cuando se han causado daños de carácter físico o psíquico y no es posible determinar los perjuicios, sino desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. El segundo objeto de estudio en la presente obra es la determinación de la cuantía indemnizatoria, su actualización con la aplicación del IPC, y el devengo de los intereses de demora previstos en la legislación presupuestaria. Analizaremos los distintos conceptos que integran la indemnización, valoración de los daños materiales y los morales, el lucro cesante, las fórmulas alternativas de indemnización como el pago en especie, y la compensación y modulación de la cuantía indemnizatoria en diferentes supuestos, todo ello a la luz de la más reciente y significativa jurisprudencia. Se facilitan además formularios listos para ser utilizados.
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