LA FIRMA ELECTRONICA RECONOCIDA

Pese a la vigencia del principio de neutralidad tecnológica, tanto la Ley 59/2003, de firma electrónica, como la Directiva 1999/93/CE, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, atribuyen una especial eficacia jurídica a la firma electrónica avanzada, basada en un certificado reconocido y creada por un dispositivo seguro de creación de firma (en España, "firma electrónica reconocida"). Estos efectos se justifican por el cumplimiento de unos estrictos requisitos de seguridad que permiten la atribución del mensaje a una persona. Sin embargo, dichas exigencias se basan a menudo en conceptos jurídicos indeterminados y la verificación del cumplimiento de las mismas puede resultar complicado. El presente trabajo constituye un análisis detallado y sistemático de cada uno de estos requisitos, recurriendo en ocasiones a ejemplos de la práctica de las entidades de certificación.